¿Citación electrónica en el COGEP? Análisis jurídico.

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La citación, esto es, el acto por el cual se le hace conocer al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas (artículo 53 COGEP), es una etapa procesal de vital importancia, debido a que raíz de esta se originan diversas situaciones o efectos jurídicos que deberán ser tomados en cuenta por el Juez, durante la sustanciación del juicio correspondiente.

El Código Orgánico General de Procesos, dentro de las múltiples novedades que nos trae sus disposiciones normativas, establece una simpática novedad con respecto a la citación, y es que en su artículo 53, tercer párrafo, surge una aparente nueva forma de citación, que he decidido denominarla como “ la citación electrónica”.

Cabe manifestar que el COGEP no establece de manera expresa la “citación electrónica” ni tampoco la cataloga como una de las modalidades de citación (personal, por boletas o medios de comunicación). No obstante, éste cuerpo legal posibilita la idea de considerar una diferente forma de citación, de acuerdo a lo instituido en el mencionado artículo, que dispone lo siguiente:

Art. 53, tercer párrafo COGEP:Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial”.

En la demanda, si el actor ha estipulado la dirección de correo electrónico del demandado, el Juez tendrá la obligación de disponer que se envíe tanto el extracto de la demanda como el auto inicial (calificación de la demanda) en dicha dirección electrónica.

Ahora bien, lo primero que hay que analizar del citado artículo es precisamente la advertencia rimbombante con respecto a que el envío del contenido de la demanda y el auto de calificación al correo electrónico del demandado, no sustituye bajo ninguna circunstancia la diligencia formal de la citación, por la importancia que éste tiene en todo juicio o procedimiento.

Si el correo electrónico no sustituye la citación oficial, cabe plantearse entonces las siguientes interrogantes: ¿Por qué razón el legislador obliga al Juez en enviar el contenido de la demanda y el auto de calificación al demandado, a través del correo electrónico? ¿Se trata de un mero formalismo que debe cumplir el Juez? ¿Repercutirá en el juicio el incumplimiento del envío de la demanda al correo electrónico del demandado?

No cabe duda que las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (en sus siglas “TIC”), influyen de manera significativa en el COGEP, al permitir que una diligencia tan importante como es la citación, pueda también de cierta manera adaptarse a través del correo electrónico, igualando a lo demás países que implementan la denominada “administración de justicia electrónica”. Pero, esta no sería la razón del legislador al estipular la referida disposición en el COGEP, sino que más bien a mi criterio, su intención sería el de contemplar una nueva presunción jurídica, que se reduce a las siguientes preguntas: ¿Qué ocurre si el demandado contesta el correo electrónico? Y sobre todo: ¿Qué ocurre si el demandado manifiesta que ya conoce el contenido de la demanda a través del correo electrónico?

Si el demandado responde al mensaje de correo electrónico (lo cual sería muy extraño pero puede ocurrir), manifestando de forma expresa e inequívoca que ha recibido el extracto de la demanda y el auto inicial, pudiendo quedar acreditado en el proceso, se podría configurar (y digo se podría porque el Derecho no es una ciencia exacta) lo dispuesto en el segundo párrafo del mismo artículo 53 del COGEP:

Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido”. (LO SUBRAYADO ES MÍO).

Al responder el mensaje de correo electrónico, el demandado no solamente confirmaría su recepción, sino que además conllevaría a una manifestación expresa de conocimiento de la demanda y que para efectos jurídicos se lo consideraría como citado, siempre que dicha manifestación expresa quede constancia en el proceso judicial; pero para esto, el Juez deberá valorar esta situación y decidir si adoptar como válida o no la manifestación del demandado, para efectos de continuar con la sustanciación del juicio sin necesidad de pasar por el formalismo de la citación.

Claro está que atendiendo a la práctica de la abogacía en nuestro país, resultará muy difícil que un Juez acepte la respuesta del demandado vía correo electrónico, como un medio de presunción de darse por citado, no solo porque en el Ecuador aún no existe la confianza total de los operadores de justicia en cuanto a la validez jurídica de los mensajes de datos (pese a que su reconocimiento legal se encuentra establecido en el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos), sino que en caso de ser aceptada, podría ocasionar circunstancias que causen indefensión al demandado si es que la Función Judicial no se prepara para lidiar de las trampas jurídicas informáticas, como por ejemplo que el correo electrónico propuesto por el actor sea falso, que el correo del demandado disponga del mecanismo automático de respuesta o que el correo del accionado sea controlado por un tercero no autorizado que responda el correo electrónico.

De todas formas, la estipulación del correo electrónico no debe quedar como letra muerta o un como simple adorno normativo para cumplir un mero formalismo. Considero positivo la inclusión de esta novedosa disposición del COGEP, para lo cual habrá que esperar el actuar de los jueces cuando ocurra algunas de las circunstancias expuestas en líneas anteriores, una vez que entre en vigencia el famoso Código Orgánico General de Procesos.

 

La protección de datos personales en el COGEP

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En el Ecuador, muy pronto entrará en vigencia el Código Orgánico General de Procesos (177 días exactamente contando desde la fecha de publicación de este artículo), en el cual cambiará radicalmente el sistema procesal ecuatoriano.

Existen múltiples novedades que se encuentran inmersas en el COGEP, como por ejemplo el procedimiento monitorio, la sentencia que debe dictar el juez en la audiencia de juicio, la fundamentación de la apelación, etc. No obstante, existe una peculiaridad que llama la atención y no precisamente tiene relación con alguna figura o institución procesal.

Dicha novedad consiste en que el COGEP, contempla de manera indirecta, el derecho a la protección de datos personales, en su artículo 7, que establece lo siguiente:

Art 7.- Principio de intimidad.Las y los juzgadores garantizarán que los datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de cumplir una norma constitucionalmente legítima”.

Como se puede apreciar, el citado artículo hace referencia a los datos personales de las partes que intervienen en un juicio, garantizando su protección por parte de los jueces  y que solamente pueden tener un cierto grado de afectación o vulneración, cuando una norma constitucionalmente legítima lo permita.

Antes de analizar este artículo, primero debemos responder esta importante pregunta: ¿Qué es un dato personal?

Pues bien, un dato personal es aquella información que identifica o permite identificar a una determinada persona natural; es decir, es aquella que nos convierte en identificables, de manera directa o indirecta con el resto del mundo, cuya protección implica la tutela de ésta frente a tratamientos, manipulaciones, acceso no autorizado o divulgación no consentida por el titular, excepto en los casos establecidos por ley.

Es importante tener en cuenta que la naturaleza del derecho a la protección de datos personales, solamente es aplicable para las personas naturales y no para las personas jurídicas, pese a que éstas últimas pueden ejercer la acción del hábeas data en casos específicos, en los cuales lo expliqué oportunamente en este artículo  (xaviercuadros.com/…/analisis-de-la-jurisprudencia-vinculante-del-habeas-data)

Ahora bien, analizando el artículo 7 del COGEP, podemos fragmentarlo en tres partes:

1.- La garantía de la protección de datos personales por parte de los jueces.-  Según lo estipulado en dicho artículo, los jueces deben garantizar que los datos personales de las partes procesales, se destinen solamente a la sustanciación del juicio como tal; es decir, no pueden ser destinados para fines distintos que los del proceso judicial que se lleva a cabo. Así por ejemplo, si se sustancia un juicio de divorcio, en donde se encuentran estipulados los nombres de los cónyuges, de los hijos o cualquier otra información que los identifique a estos, no pueden ser cedidos a personas o empresas que realizan encuestas de matrimonios fallidos en el Ecuador, sino que deben ser destinados únicamente para la sustanciación de dicho juicio.

2.- El consentimiento del titular del dato personal.- En este caso, el artículo hace mención a dos importantes palabras: “divulgación” y “registro”. En cuanto a la primera, es decir la divulgación, significa que bajo ninguna circunstancia, el juez puede poner a disposición al público en general, los datos personales de las partes procesales.

Pero en este caso, ¿Qué ocurre con el principio de publicidad? ¿Qué ocurre con el derecho de acceso a la información pública, como lo son los juicios en general? Aparentemente, la “solución” se encuentra estipulado en el artículo 8 del mismo COGEP, en donde estipula que la información de los procesos sometidos a la justicia es pública y que únicamente se admitirá como excepción, las “estrictamente necesarias” para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad de cualquier persona.

Este último artículo pareciera que nos ofrece una solución al problema planteado; sin embargo, ésta no está del todo correcto, debido a que en primer lugar el COGEP confunde el dato personal con el dato íntimo, estableciéndolos como iguales, cuando en realidad no es así y lo expliqué precisamente en este artículo (.xaviercuadros.com/…/diferencias-entre-el-derecho-a-la-intimidad-y-el-derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales). Y en segundo lugar, porque quedará a libre criterio del juez, en sacrificar ya sea el principio de publicidad o la protección de datos personales, lo cual puede recaer en un eventual caso de arbitrariedad al momento de aprobar o no su divulgación.

Y en cuanto a la segunda palabra, es decir el consentimiento del titular para el “registro” de sus datos personales en el juicio, resulta un poco extraño que se lo haya recopilado en dicho artículo sin mayor explicación alguna, debido a que en todo juicio, desde su comienzo hasta su finalización, es obvio que quedarán registrados los datos personales de las partes procesales (como el nombre y apellido) en los archivos respectivos de las Cortes judiciales correspondientes.

Para comprender esta parte del artículo, considero que hay que analizarlo desde dos puntos de vista:  El primero en cuanto al tipo de registro o archivo que serán destinados los datos personales; es decir, que los datos personales de las partes, no pueden ser registrados en archivos distintos a los de la función judicial, salvo que cuenten con el consentimiento del titular; y el segundo, en cuanto al tipo o grado de dato personal, que se vaya a registrar, debido a que existirán juicios en donde necesariamente se incorporará información que comprometa la intimidad de alguna de las partes procesales.

3.- Las excepción a la protección de datos personales.- Como toda regla general tiene su adecuada excepción, el mismo artículo estipula que no se necesitará el consentimiento de la parte procesal correspondiente, para la incorporación forzosa de un dato personal en el proceso judicial, cuando una norma constitucionalmente legítima lo permita. Por ejemplo, en un juicio de paternidad, se necesitará obligatoriamente la incorporación del examen de ADN, para determinar si el demandado es o no el padre de quien reclama dicha paternidad, siendo un dato personal que debe ser incorporado al proceso de manera obligatoria, por expreso mandato de la ley.

Considero positiva la incorporación de la protección de datos personales por parte del COGEP, sobre todo porque en el Ecuador no contamos aún con una Ley que proteja única y exclusivamente nuestros datos personales, y a su vez porque sería el primero código procesal del país que incorpora expresamente este importante derecho.

Sin embargo, no es del todo positivo dicha incorporación, porque el mismo COGEP no diferencia la intimidad con los datos personales, tanto es así que en el encabezado del artículo 7,empieza con la estipulación “principio de intimidad”, lo cual no es del todo acertada dicha estipulación por las razones expuestas; y así mismo, si no existe una buena capacitación a los jueces, secretarios o demás servidores judiciales, sobre la naturaleza del derecho a la protección de datos personales, entonces existirán problemas en la práctica al momento  de querer aplicar el referido artículo, una vez que entre en vigencia el Código Orgánico General de Procesos.