El video de la agresión a los guardias de la ciudadela privada: ¿Se justifica su difusión en las redes sociales?

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La divulgación en redes sociales del video de la agresión ocurrido en una ciudadela privada de la ciudad de Guayaquil, en contra de unos guardias de seguridad , causó sin lugar a dudas conmoción y rechazo de dicha violencia, por parte de la sociedad nacional ( y quizás extranjera).

No tardó que los usuarios identificaran a los presuntos agresores, gracias a la enorme facilidad que existe en acceder y publicar la identificación de las personas, sobre todo porque gracias a la evolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, nos encontramos conectados casi el cien por ciento de nuestro tiempo diario.

A raíz de dicha divulgación, sus consecuencias jurídicas comenzaron a efectuarse: por una parte la Fiscalía dispuso la investigación de los hechos suscitados que involucran la participación de los agresores y las víctimas; y a su vez,  se tuvo conocimiento que los presuntos agresores demandarían a todas las personas que divulgaron el video por redes sociales, ya que según dicen atenta contra su imagen y moral.

En este artículo, no me referiré al hecho como tal puesto que no me compete aseverar si existió o no delito, ya que para eso están los órganos jurisdiccionales; sino más bien haré referencia al derecho de protección de datos personales relacionado con la divulgación del video y posteriores imágenes de los presuntos agresores.

Como lo he explicado en algunas entradas anteriores de mi blog, el derecho a la protección de datos personales nos otorga la facultad de controlar y disponer de nuestra información personal, frente a algún tratamiento realizado por algún tercero. Entiéndase la palabra “tratamiento”, para este caso en concreto, la divulgación de los datos personales, que obligatoriamente debe contar con nuestro consentimiento para realizarse la divulgación o cuando la Ley lo permita.

Es lógico que cuando se realizó la difusión en redes sociales del video en mención, se evidencia una vulneración a los datos personales, ya que se está realizando un tratamiento de éstos sin el consentimiento del titular y además que la Ley no contempla ninguna autorización sobre dicho caso en concreto. Sin embargo, cabría realizarse esta pregunta: ¿Si no se hubiese divulgado el video, las autoridades hubieran hecho las investigaciones con prontitud y agilidad con la simple denuncia de las víctimas? La respuesta lógicamente es negativa, y es porque se comprobó que la divulgación fue lo que originó el mecanismo de presión a la Fiscalía, que los obligó a tomar medidas de forma tan rápida, a comparación de otros casos denunciados que no tienen esa “suerte”.

Por lo tanto, nos encontramos ante una aparente contraposición de derechos: el primero respecto a la protección de datos personales consagrado en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución; y el segundo, respecto a la tutela judicial expedita, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, consagrado en el artículo 75 ibídem. Es decir, se vulnera el primero para poder garantizar el segundo, partiendo del siguiente análisis:

1.- ¿Era realmente necesario divulgar el video en redes sociales, de la agresión sobre los guardias de seguridad? En principio de se debe tomar en cuenta que el video fue captado por cámaras de seguridad de la ciudadela privada, lo que significa que alguien del cuerpo de seguridad o quizá alguien que tenga acceso directo a dicha información (por ejemplo un administrador), tuvo la primera oportunidad de recopilar dicho video, dejando a entrever que no era accesible al público en general para ese entonces; pero lo que pasó como resultado lógico, es que se procedió a compartirlo por las redes sociales.

No obstante de lo manifestado, se verificó por la prensa que la agresión como tal fue denunciada ante la Fiscalía, pero resultó que algunos funcionarios que atendieron a las víctimas ese día, presuntamente habrían concluido que no era delito lo que se estaba denunciando, sino más bien era una contravención, lo cual hubiera originado una cierta impunidad.

Esto significa que la respuesta a la pregunta es afirmativa, ya que si se hubiese limitado en presentar la denuncia junto con el video como objeto de prueba, es muy posible que el caso no hubiera tenido la transcendencia ágil de sustanciación, como se lo está haciendo en la actualidad, tomando en cuenta  también que la propia Fiscalía inició de oficio una investigación previa, en contra de los funcionarios que atendieron a las víctimas, cuando denunciaron el hecho violento, por el delito de tráfico de influencias.

Claro está que las autoridades deberían darle la misma relevancia a todos los casos que se denuncian, pero lamentablemente hay que reconocer que eso no ocurre (o al menos en nuestro país) y las redes sociales se encargan de darle relevancia a cada denuncia que se pretende presentar.

2.- ¿Era necesario difundir las imágenes de las personas que presuntamente aparecen en el video? Resulta indispensable admitir que con la sola visualización del video controvertido, la mayoría de los usuarios no identificaron a las personas que aparecen allí, sino que fue por la publicación posterior de las imágenes de éstos que permitieron su identificación.

En visto de lo expuesto, se puede concluir que no era necesario la difusión de dichas imágenes, ya que el hecho controvertido es la agresión como tal que fue denunciado y la identificación de los presuntos agresores debió limitarse en el conocimiento de las autoridades, más no a los usuarios en la red, considerando que se difundió la imagen de un menor de edad, lo que hace más grave la vulneración de los datos personales.

Al verificar que la contraposición de los derechos es inobjetable, considero que para poder solucionar dicho problema, se debe recurrir a los principios de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto,  cuya fórmula es explicado por el maestro Robert Alexy, para lo cual ante este caso en concreto, puedo concluir lo siguiente: A) La divulgación del video solamente, en cierta forma es justificable ya que se verificó que sirvió para la  investigación del hecho y sobre todo permitió darle una celeridad procesal; B) No se justifica la difusión de las identidades de los presuntos participantes del hecho, puesto que aún no existe una sentencia que los desvirtúe de su estado de inocencia y sobre todo es inaceptable para el derecho, el tratamiento masivo de sus datos personales sin su autorización; C) Habiéndose realizado la difusión, considero que tuvo que haberse realizado en una medida que no vulnere los datos personales, así por ejemplo se pudo haber distorsionado los rostros que aparecen allí y dejando el video original a las autoridades como corresponden.

Claro está que la fórmula propuesta por el tratadista Alexy no es fácil de aplicar, sobre todo porque en nuestro país no se acostumbra invocarla, a pesar que se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 3, numeral 2. Por lo que la conclusión que señalé anteriormente, puede que sea válida para algunos y para otros no; sin embargo, lo considero como una especie de aproximación a la solución de este complejo caso.

Finalmente debo indicar que no es sencillo controlar la conducta del usuario, en lo que corresponde al contenido que difunde o comparte en las redes sociales, pero se debe empezar a crear conciencia que por más repudio produzca un determinado hecho (como es el presente caso), los medios digitales no pueden ser utilizados como medios de criterio anticipado de culpabilidad, creando una indebida “justicia digital”, sobre todo si el contenido que se pretende divulgar es la imagen de un tercero que no cuenta con nuestra autorización, ya que se vulnera el derecho a la protección de datos personales, por lo que habría que buscar una manera de crear un equilibrio entre el conocimiento público de un hecho reprochable, junto con la reproducción digital no autorizada de los datos personales.

La cesión no consentida de los datos personales.

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Como un día cualquiera, me dirigía al centro comercial Mall del Sol de la ciudad de Guayaquil, manejando en el vehículo de mi señor padre. Al entrar al subterráneo de los parqueos, el empleado de dicho centro comercial teclea en su máquina las placas del carro, para después darme el ticket correspondiente, algo que es normal y nada fuera de lo común.

No obstante, me llamó profundamente la atención que en el ticket, además de tener registrado la matrícula del carro, también aparecía el nombre y apellido del propietario del vehículo. Esto enseguida me hizo pensar sobre cómo obtuvo el sistema de datos del centro comercial Mall del Sol, la información personal del propietario del vehículo, para lo cual llegué a la conclusión que otra persona o entidad le ha proporcionado dichos datos personales; es decir, probablemente este centro comercial haya obtenido la información de otra base de datos, como por ejemplo la Autoridad de Tránsito Municipal (en adeltante ATM).

Este caso tienen relación exclusivamente con la protección de nuestros datos personales y en especial sobre su cesión no consentida. Podemos definir la cesión de datos personales como toda revelación de la información personal efectuada a un tercero distinto al titular de dicha información.

En la cesión de datos participan dos personas: El primero es el cedente, quien es la encargada de realizar la cesión o revelación de los datos personales que fueron previamente otorgados por el titular de la información personal; y el segundo es el cesionario, la persona quien recibe la cesión de los datos personales por parte del cedente.

La regla general de toda cesión de datos personales, es que cualquier revelación que vaya a realizar el cedente al cesionario, deba contar con el consentimiento previo del titular. Así por ejemplo, en el caso expuesto en líneas anteriores, lo más probable es que la ATM haya sido el cedente del dato personal, por ser este la entidad principal que tiene en sus registros la información relativa a las placas de los vehículos y determinar quiénes son sus respectivos propietarios. Entonces, al ser la ATM el cedente por cuanto nosotros otorgamos nuestros datos personales para efectos de registro de la propiedad de los vehículos, éste solamente puede realizar la cesión de nuestros datos personales al cesionario, con nuestro previo consentimiento, caso contrario se convierte en una flagrante vulneración a nuestro derecho constitucional a la protección de datos personales.

Lamentablemente, como en el Ecuador todavía no existe una Ley que contemple la protección de datos personales, ni mucho menos que regule la cesión no consentida de los mismos, seguirán existiendo casos de atropellamiento y vulneración a nuestra información personal. No obstante, a pesar de no contar con una Ley, el derecho a la protección de datos personales si está consagrado en nuestra Constitución, en su artículo 66 numeral 19 y a su vez ningún poder público o particular puede desconocer o dejar de garantizar este derecho con el pretexto de no existir una Ley que lo regule específicamente, tal como lo manda el artículo 11, numeral 3 de la Carta Magna.

Entonces, al no existir Ley pero si el reconocimiento constitucional de este derecho. ¿Qué se puede hacer en los casos de cesión no consentida de los datos personales? Pues bien todo se reduce a que solamente se puede entablar la garantía constitucional del Hábeas Data, para lo cual se deberá demandar a la persona, sea esta natural o jurídica que haya obtenido nuestros datos personales sin nuestro consentimiento previo.

¿Qué se puede solicitar en la garantía del Hábeas Data con respecto a la cesión no consentida de los datos personales?

1.- El acceso al sistema, registro o archivo de datos que tenga la parte demandada (quien vendría a ser el cesionario).

2.- Al permitirse el acceso, se puede conminar a la parte demandada para que informe quien es la persona natural o jurídica que reveló, proporcionó o cedió nuestros datos personales sin el consentimiento del titular. En otras palabras, se puede averiguar quién es el cedente.

3.- Conocer  cual es la finalidad de dicha cesión y si dicha finalidad es compatible con la causa que motivó dicha cesión. Así por ejemplo, en el caso expuesto, si el cesionario que vendría a ser el Centro Comercial Mall del Soll, aduce que era necesaria la cesión para efectos de seguridad pública, aparentemente quedaría justificada dicha revelación de los datos personales. Sin embargo, a mi criterio, bastaba que el cesionario simplemente tenga incorporado en sus registros la placa correspondiente del vehículo, no siendo necesario recopilar otros datos del propietario, porque éstos pueden ser consultados después por la autoridad pública pertinente en caso que exista algún robo o hurto.

4.- Solicitar al Juez que ordene al cedente, pese a no ser parte procesal al inicio del juicio, que notifique al titular del dato personal sobre cualquier cesión o revelación que vaya a realizar, para de esta manera contar con el consentimiento del titular. En caso de no haber consentimiento, deberá prohibirse dicha cesión. La misma orden puede ser solicitada para el cesionario, quien deberá informar al titular sobre cualquier cesión realizada.

Claro está que el Juez podría validar la justificación del cedente sobre la cesión no consentida de los datos personales, pero para esto el Juez debe aplicar la ponderación respectiva y limitar dicha cesión en casos específicos y de esta manera no perjudicar al titular.

5.- Solicitar al Juez la reparación integral por la vulneración de nuestros datos personales, lo cual dependerá de las pruebas que aporten las partes en el proceso.

En resumen, la cesión no consentida de nuestros datos personales es un problema que tenemos que lidiar todos los días, debido a que el Ecuador no cuenta con una legislación que ampare directamente la protección de datos personales. Claro está que a muchas personas les resta importancia sobre el destino de su información personal, pero hay que tener en cuenta que así como es fácil que algún tercero pueda tener nuestra información personal, habrá mayor facilidad de cometimiento vulneración de nuestros datos personales, inclusve a nuesta intimidad. Por esta razón, invito al lector a tomar conciencia sobre a quienes estamos dando nuestro consentimiento sobre nuestra información personal y en caso de no haber dicho consentimiento, el titular tiene la falcultad de hacer uso de la garantía constitucional del Hábeas Data.