El requisito de veracidad, en las noticias de relevancia pública.

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Cuando visualizamos o escuchamos una noticia a través de cualquier medio de comunicación, ésta queda registrada en nuestra mente para efectos de conocimiento y en ciertos casos la compartimos con otras personas, la analizamos para propósitos personales (como una investigación o trabajo académico) e inclusive la utilizamos para ejercer nuestro derecho a expresarnos de manera libre y espontánea sobre ella.

La difusión de las noticias tiene una gran influencia en la sociedad, que se fundamenta en el derecho constitucional a la libertad de información, pieza fundamental para el ejercicio de la democracia, transparencia y participación de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, al tener un grado elevado de importancia la difusión de la noticia, ésta debe contener un requisito trascendental para evitar futuras vulneraciones al usuario al momento de percibirla, y aquel requisito es el de la veracidad de la noticia.

¿En qué consiste la veracidad de la noticia?

Para referirnos a la veracidad de la noticia, no corresponde hacer un análisis filosófico de lo que significa el término “verdad” (además de la dificultad que supone definirla), sino que se debe realizar el enfoque de la noticia en cuanto a su existencia en un determinado espacio y tiempo, cuyo contenido audiovisual será trasladado al usuario para su conocimiento, apreciación y opinión.

Ahora bien, la veracidad consiste en el deber de diligencia profesional que deber realizar todo informador, para constatar o corroborar la certeza de existencia de la noticia, a través de indagaciones, averiguaciones o investigaciones objetivas, que se ajustan a las circunstancias del caso en su totalidad, aun cuando la noticia o información en el transcurso del tiempo sea desmentida o no llegare a ser confirmada por la fuente pertinente.

Es decir, la noticia de relevancia pública –aquella que hace referencia a asuntos públicos de interés general que forman parte de la opinión pública- para que pueda ser difundida al público en general, se debe previamente haberse agotado todos los medios de investigación necesarias, para determinar si la noticia que será transmitida por algún medio de comunicación, ha sido real. Dichas diligencias de averiguación debe ser a través fuentes  oficiales, objetivas y confiables.

Por lo tanto, la veracidad de la noticia no implica o exige que la información sea exacta en su totalidad al momento de su difusión, puesto que ésta misma puede sufrir alguna modificación, ser desmentida o simplemente nunca llegare a ser confirmada,  por causas ajenas a la voluntad del informador diligente, sino de la fuente que proporcionó la información.En el caso de la noticia no confirmada, su difusión queda justificada por la exigencia del público en saber su posibilidad de existencia (por ejemplo en los noticias que se transmiten en vivo y que se especula un determinado resultado).

En caso que la noticia sea desmentida o catalogada como “falsa”, posteriormente a su difusión, para que el informador pueda eludir cualquier tipo de responsabilidad legal, solo debe probar que utilizó todos los recursos necesarios para la averiguación, indagación o descubrimiento de existencia de la noticia y que la difusión de ésta no se basó en simples rumores, especulaciones sin sentido, fuentes no confiables o difusión arbitraria sin contar con fuentes de información. (Lo que ocurre en programas de farándula por ejemplo).

Nuestra Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 23, consagra el derecho a la rectificación, en el cual consiste en la corrección de la noticia errada o defectuosa, por haber sido difundida sin haberse empleado las debidas diligencias de investigación para determinar su existencia.  En consecuencia, para que proceda el ejercicio de este derecho, se debe comprobar precisamente que hubo deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública, y el informador tiene la obligación jurídica de enmendar dicha deficiencia.

También hay que tener en cuenta que la rectificación de la noticia no es lo mismo que la aclaración de la misma, puesto que en la primera, la inexactitud de la información surge por la ausencia de investigación diligente para determinar existencia de la noticia; mientras que en la aclaración, implica la notificación formal al público de la noticia actualizada, pese a que en su momento de difusión fue inexacto, pero dicha inexactitud no es imputable al informador, porque en este caso el informador si realizó las correspondientes averiguaciones, utilizando los medios o recursos necesarios para determinar su existencia, y lo único que debe hacer el informador es comprobar dicha diligencia y posteriormente actualizar al pública de la modificación de la noticia.

Es importante tener en cuenta que, si el informador se basó en un contenido informativo proporcionado por un empleado propio del informador (como por ejemplo un fotógrafo), y se comprueba que dicha contenido es totalmente falso, ya sea por algún error inexcusable o un acto de mala fe para distorsionar la veracidad de la noticia, además de proceder con la rectificación correspondiente, el informador debe emitir las correspondientes disculpas públicas, no solamente al público en general, sino además a las posibles personas que fueron aludidas en la noticia. (Por ejemplo, que el fotógrafo haya realizado montajes en las imágenes, con el propósito de vender una noticia falsa al público para efectos lucrativos).

Para culminar, nos damos cuenta que la difusión de una noticia no es sencillo, se debe realizar con toda cautela y objetividad, en el cual el informador tiene la obligación de cumplir con este importante requisito, por lo que podría decirse que la veracidad es el elemento fundamental para el correcto empleo del derecho a la libertad de información.

El derecho al olvido digital.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentó un precedente importante en materia de protección de datos personales, a través de su sentencia del 13 de mayo de 2014, en contra del gigante Google, naciendo de esta forma el famoso “derecho al olvido”.

Resumiendo un poco los antecedentes del caso que originó dicha sentencia, todo empezó en el año 2010, cuando un ciudadano español presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), una reclamación contra un diario denominado “La Vanguardia” y contra Google Spain y Google Inc. El mencionado ciudadano alegó que al introducir su nombre en el motor de búsqueda de Google, obtenía como resultado principal ciertos enlaces a páginas web del referido diario, con fechas de enero y marzo de 1998, en las que se anunciaba una subasta de inmuebles que fueron embargados por la Seguridad Social de dicho país, motivo de una deuda que mantenía con dicha entidad pública.

La reclamación consistió en que el afectado alegó que dicha noticia ocurrió hace más de diez años, y que el carácter noticiable de la información ya no tenía relevancia pública, por lo que el hecho de escribir su nombre y apellido en el buscador (O sea Google), le causaba un mal innecesario.

En la instancia administrativa, Google obtuvo una resolución desfavorable, por lo cual éste último decidió recurrir dicha resolución en todas las instancias legales pertinentes, hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con respecto al diario, fue deslindado de cualquier responsabilidad legal, debido a que la noticia que publicó en su portal web fue veraz, y que había sido realizado en un determinado tiempo, además de ampararse en el derecho a la libertad de información.

El referido Tribunal falló a favor de este ciudadano, y ordenó a Google en retirar de sus resultados de búsquedas, los enlaces a dichas noticias del pasado, por ser consideradas impertinentes a la realidad actual, naciendo de esta manera el denominado derecho al olvido digital.

Cabe manifestar que el Tribunal nunca utilizó el término exacto de “derecho al olvido”, sino que siempre se refirió al derecho de supresión, establecida con mucha antelación en la normativa de la Unión Europea, que consiste en aquella facultad que tiene una persona en pedir la eliminación de sus datos personales, que reposan en archivos o registros, sin haber contado con su consentimiento para su tratamiento o recopilación.

Por lo tanto, el derecho al olvido no se trata de un nuevo derecho como tal, sino más bien de un concepto moderno del derecho de supresión o eliminación, que vendría a ser la protección de los datos personales, frente a su difusión universal en el entorno digital, que se encuentran indexados por buscadores de Internet.

Es más, se dice que el término “derecho al olvido”, es el nombre “comercial” que se la ha bautizado al derecho de eliminación, que de por sí no fue muy bien acogido por la doctrina, aduciendo que dicho nombre desvirtuaba la naturaleza del derecho de eliminación, y creaba confusión al público.

Ahora bien, es importante tener en cuenta ciertos aspectos importantes con respecto al derecho al olvido digital, que expondré a continuación:

1.- El derecho al olvido no elimina la información de la página web.

Esto es muy importante tomar en cuenta, puesto que el derecho al olvido no se encarga de eliminar la información que contenga una página web, sino más bien se enfoca en suprimir la indexación de los nombres completos de una persona, para que no aparezca éste mismo como principales resultados de búsqueda, realizada por cualquier internauta. Es decir, la información seguirá existiendo en su publicación original, solo que si alguien más quisiera acceder a dicha noticia, pues tendrá que hacerlo directamente a la página web, o quizá estipulando otras “palabra clave”, como algunos conceptos o hechos relatados de la noticia.

Un ejemplo sería el siguiente: digamos que un alcalde fue protagonista de una gresca que ocurrió hace 20 años atrás, y fue publicado en su debido tiempo por un diario de circulación del país. Al introducir su nombre y apellido en Google, lo más probable es que saldrá como primer resultado de búsqueda dicha noticia antigua; es entonces donde actúa el derecho al olvido, eliminando solamente la indexación como palabras clave en el motor de búsqueda, el nombre y apellido del alcalde, dejando la opción al internauta en consultar la noticia, ya sea accediendo a la página web del diario o estipulando en el buscador, otras palabras clave como “gresca alcalde”, o cualquier otro hecho narrado que tenga relación con la noticia.

2.- No hay que confundir la eliminación de la información falsa o inexacta, con el derecho al olvido.

Siempre existirán casos en que noticias falsas o inexactas sean publicadas en Internet, y que dicha información pueda recaer en injurias o lesiones graves al derecho de imagen u honor; pero en estos casos, el que se considera perjudicado por dicha información falsa o injuriosa, deberá entablar las respectivas acciones civiles o penales, ya sea en contra de quien ostente la responsabilidad editorial de la publicación o el autor inmediato del contenido falso, inexacto o injurioso.

El derecho al olvido se aplica en contra del buscador de Internet (como Google), frente a información verídica sobre alguna noticia, que ha ocurrido en el pasado y que ya no es considerada de relevancia pública.

Si la noticia es declarada falsa o injuriosa por un juez, entonces éste mismo ordenaría la eliminación de dicha información en la página web, desapareciendo en el entorno digital, y por lo tanto ya no cabría la aplicación del derecho al olvido.

3.- Equilibrio entre el derecho al olvido y el derecho al acceso a la información.

Implementado este concepto moderno del derecho al olvido, no era menos de esperar que tendría como limitante el derecho al libre acceso a la información digital, lo cual es lógico por cuanto la mayoría de información que deseamos investigar o acceder, lo realizamos a través de Internet, y en casi todos los casos accedemos a Google.

Por esta razón, se debe realizar una debida ponderación o justo equilibrio entre estos dos derechos, es decir, el interés privado del afectado y el interés público en acceder a la información. Dicha ponderación consiste en primer lugar, analizar la naturaleza de la información, en el sentido de evaluar el interés público que ostenta dicha información y cuál ha sido la repercusión que ha tenido en la sociedad. En segundo lugar, valorar el factor tiempo, para de esta manera comprobar si la noticia es pertinente a los tiempos actuales y si es considerada útil o no en ser conocida inmediatamente por el público; y en tercer lugar, tomar en cuenta el papel que desempeña la persona afectada en la sociedad, pero si éste último ostenta un rol importante en la vida pública (como por ejemplo los futbolistas), por lo general prevalecerá el interés público.

A raíz que se originó este nuevo “fenómeno jurídico”, Google ha implementado un mecanismo interno de aplicación del derecho al olvido digital, en el cual el usuario puede presentar su respectiva solicitud, llenando un formulario electrónico y Google a su vez calificará si procede o no aplicar el derecho al olvido, solicitado por el usuario.

Como conclusión, considero que el derecho al olvido ha marcado una trascendencia importante en cuanto a la protección de nuestros datos personales, siendo menester tomar en cuenta que su difusión digital a través de la Web, es la que crea forzosamente nuestra reputación o imagen frente a los demás internautas, y los motores de búsqueda como Google, juegan un rol importante sobre nuestra imagen, por lo que es pertinente establecer una regulación de gran magnitud sobre estos mismos.

En caso que el lector quiera revisar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del derecho al olvido, dejaré el link respectivo para tales efectos:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=ES

ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA VINCULANTE DEL HÁBEAS DATA.

XC_LogoFinal (1)La Corte Constitucional, en su sentencia No. 001-14-PJO-CC, del 23 de abril de 2014, y publicada en el Registro Oficial No. 281-S, del 3 de julio del mismo año, establece la jurisprudencia vinculante acerca de la acción del Hábeas Data.

Recordemos que esta garantía jurisdiccional, tal como lo consagra el artículo 92 de nuestra Constitución, faculta a toda persona a tener conocimiento de la existencia de documentos, datos genéticos, bancos, informes o archivos de datos personales, que tengan relación sobre su entorno personal o sobre sus bienes, que reposan en entidades públicas o privadas, ya sea en soporte material o electrónico.

Así mismo, el Hábeas Data permite el acceso sin costo al archivo de datos, su actualización, rectificación, eliminación o anulación.

Los puntos más destacados sobre esta jurisprudencia vinculante, son los siguientes:

1.-  Las personas jurídicas tienen derecho a entablar la acción del Hábeas Data.

En el ejercicio de los derechos constitucionales, no es muy común observar que una persona jurídica haga uso de las garantías jurisdiccionales reconocidas en nuestra Constitución, y en especial la acción del Hábeas Data.

Por esta razón, la Corte Constitucional realiza una interpretación literal del concepto de igualdad que lo instituye la Carta Magna, en el sentido que la única condición para ser titular de los derechos constitucionales, es pertenecer a alguno de los géneros que están presentes en la Constitución, que son: “personas”, “comunidades”, “pueblos”, “nacionalidades”, “colectivos”. En consecuencia, al estipularse la palabra “personas”, se entiende que se incluye también a las personas jurídicas.

No obstante, se advierte que tal igualdad no es absoluta para las personas jurídicas, porque existen derechos constitucionales que no pueden ser ejercidos por estos mismos, debido a sus características o condiciones fácticas, como por ejemplo el derecho a la integridad psíquica. Pero, a pesar que las personas jurídicas no sean titulares de todos los derechos constitucionales, no significa que no puedan serlos respecto a los derechos que les sea compatibles, y efectivamente los derechos que ampara el Hábeas Data (como por ejemplo el derecho de imagen), son susceptibles de ser ejercidos por las personas jurídicas.

2.- El alcance de la información solicitada por las personas jurídicas, a través del Hábeas Data.

Sobre este punto, la Corte Constitucional realiza una importante distinción acerca de la información que comprenda a la persona jurídica como tal, y la información que es de exclusivo dominio de sus asociados en el ámbito privado. Es decir, una cosa es el dato que identifica a la persona jurídica como figura ficticia del derecho, y otra es el dato personal del asociado, que a pesar de tener vinculación con la persona jurídica, no necesariamente identifica de manera directa a ésta última.

Por ejemplo, una compañía podría entablar una acción de hábeas data en contra de un socio, para solicitar el acceso de los contratos que ha firmado éste a nombre de la compañía y que los tiene en su poder. Pero, lo que no puede hacer la compañía es solicitar el acceso a las cuentas bancarias o información sobre los bienes que son de exclusivo dominio del socio.

Por esta razón, se comprueba que una errónea aplicación del Hábeas Data, se estaría vulnerando el derecho a la protección de datos personales de los individuos que, pese a tener un vínculo legal con la persona jurídica,  no se aplica para sus datos o informaciones personales que no identifican ni permiten identificar a la compañía.

Otro punto a destacar sobre este tema, es que no es admisible que una persona jurídica reclame como suyo el derecho a la protección de datos e información personal, sobre quienes están relacionados con ella, en tanto este derecho corresponda únicamente a la persona a quien le es atinente, salvo que la exigencia de protección por parte de la persona jurídica se sustente en la debida autorización de sus socios o representantes legales.

3.- Diferencia entre “dato” e “información”.

Levanta mucho la curiosidad que la Corte Constitucional haya realizado una distinción entre estos dos términos, y sobre esto considero que es válida esta diferenciación, para efectos de no confundirse en la pretensión de la acción, en cuanto al utilizar el término “datos personales”, y no “información personal”.

Antes de esto, la Corte primero explica la similitud entre estos dos términos, partiendo del significado del Diccionario de la Real Academia del “dato”, que es: “información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador”; en consecuencia, el dato vendría ser una especie de información, disponible para ser procesada de diversas formas, según lo dicho por la Corte.

Pero la distinción ocurre a nivel de doctrina constitucional, en el que la Corte manifiesta lo siguiente:

“De acuerdo con la distinción conceptual citada, el dato adquiere la calidad de información en tanto cumple una función en el proceso comunicativo. La información, entonces, requiere una interpretación del dato, que dota de carga valorativa y funcionalidad concreta a la descripción que éste hace. Por lo tanto, el dato solamente es relevante para la protección por medio del hábeas data, en la medida en que sea susceptible de cumplir una función informativa”.

Así mismo, la Corte cita al tratadista Osvaldo Alfredo Gonzaíni, para reforzar su razonamiento de la siguiente manera:

El dato es difícil que, por sí solo, pueda tener una incidencia grande o grave en la llamada privacidad. Esto es, mientras el dato no resuelva una consulta determinada, no sirva a un fin, no dé respuestas o no oriente la posible solución a un problema, es el antecedente o punto de partida para la investigación de la verdad; pero, en el momento en que ese mismo dato da respuesta a una consulta determinada, o sirve a un fin, o se utiliza para orientar la solución de un problema, se ha convertido en información”.

En consecuencia, concluye la Corte que un dato es susceptible de ser protegido por medio de la acción del Hábeas Data, siempre que éste tenga un rol informativo relacionado con las personas y sus bienes, y en cuanto su comunicación, interpretación o tratamiento, pueda afectar en alguna medida los derechos de las personas como tal.

4.- El Hábeas Data no es un medio para pedir la entrega física de documentos.

Como último punto, la Corte Constitucional establece en su jurisprudencia vinculante, que dada la naturaleza del Hábeas Data, al invocar el derecho de acceso, no puede ser utilizado como un medio para solicitar la entrega física del soporte material o electrónico, cuyos datos personales se presumen están recopilados, ya que para efectos constitucionales, no interesa el papel o el disco duro, sino más bien el “dato” en su expresión literal y el uso informativo que se le de.

Por lo tanto, la acción del Hábeas Data sirve para conocer la existencia de los datos en cualquier soporte, y ejercer los derechos que reconoce el artículo 92 de la Constitución (Acceso, eliminación, actualización, eliminación y anulación).

Ahora bien, hubiera sido pertinente que la Corte Constitucional se hubiera pronunciado sobre que ocurre en el caso que el accionante quisiera ejercer el derecho de eliminación de los datos, que se encuentran reposando en cualquier soporte (material o electrónico), puesto que en este caso, aquí si interesa el papel o el disco duro.

Desde mi punto de vista, si se solicita tal derecho, en caso que el dato este en un soporte material, se tendría que proceder a la destrucción total de todo papel que vincule al dato personal; y en caso que sea en soporte electrónico, se tendría que proceder al borrado virtual de todos los archivos (incluyendo resguardos) en el que se encuentren recopilados los datos personales.

En caso que el lector quisiera revisar la jurisprudencia vinculante del Hábeas Data con mayor detenimiento, adjunto el siguiente link para dichos efectos:

https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/Gacetas/GacetaCC007.pdf