El requisito de veracidad, en las noticias de relevancia pública.

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Cuando visualizamos o escuchamos una noticia a través de cualquier medio de comunicación, ésta queda registrada en nuestra mente para efectos de conocimiento y en ciertos casos la compartimos con otras personas, la analizamos para propósitos personales (como una investigación o trabajo académico) e inclusive la utilizamos para ejercer nuestro derecho a expresarnos de manera libre y espontánea sobre ella.

La difusión de las noticias tiene una gran influencia en la sociedad, que se fundamenta en el derecho constitucional a la libertad de información, pieza fundamental para el ejercicio de la democracia, transparencia y participación de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, al tener un grado elevado de importancia la difusión de la noticia, ésta debe contener un requisito trascendental para evitar futuras vulneraciones al usuario al momento de percibirla, y aquel requisito es el de la veracidad de la noticia.

¿En qué consiste la veracidad de la noticia?

Para referirnos a la veracidad de la noticia, no corresponde hacer un análisis filosófico de lo que significa el término “verdad” (además de la dificultad que supone definirla), sino que se debe realizar el enfoque de la noticia en cuanto a su existencia en un determinado espacio y tiempo, cuyo contenido audiovisual será trasladado al usuario para su conocimiento, apreciación y opinión.

Ahora bien, la veracidad consiste en el deber de diligencia profesional que deber realizar todo informador, para constatar o corroborar la certeza de existencia de la noticia, a través de indagaciones, averiguaciones o investigaciones objetivas, que se ajustan a las circunstancias del caso en su totalidad, aun cuando la noticia o información en el transcurso del tiempo sea desmentida o no llegare a ser confirmada por la fuente pertinente.

Es decir, la noticia de relevancia pública –aquella que hace referencia a asuntos públicos de interés general que forman parte de la opinión pública- para que pueda ser difundida al público en general, se debe previamente haberse agotado todos los medios de investigación necesarias, para determinar si la noticia que será transmitida por algún medio de comunicación, ha sido real. Dichas diligencias de averiguación debe ser a través fuentes  oficiales, objetivas y confiables.

Por lo tanto, la veracidad de la noticia no implica o exige que la información sea exacta en su totalidad al momento de su difusión, puesto que ésta misma puede sufrir alguna modificación, ser desmentida o simplemente nunca llegare a ser confirmada,  por causas ajenas a la voluntad del informador diligente, sino de la fuente que proporcionó la información.En el caso de la noticia no confirmada, su difusión queda justificada por la exigencia del público en saber su posibilidad de existencia (por ejemplo en los noticias que se transmiten en vivo y que se especula un determinado resultado).

En caso que la noticia sea desmentida o catalogada como “falsa”, posteriormente a su difusión, para que el informador pueda eludir cualquier tipo de responsabilidad legal, solo debe probar que utilizó todos los recursos necesarios para la averiguación, indagación o descubrimiento de existencia de la noticia y que la difusión de ésta no se basó en simples rumores, especulaciones sin sentido, fuentes no confiables o difusión arbitraria sin contar con fuentes de información. (Lo que ocurre en programas de farándula por ejemplo).

Nuestra Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 23, consagra el derecho a la rectificación, en el cual consiste en la corrección de la noticia errada o defectuosa, por haber sido difundida sin haberse empleado las debidas diligencias de investigación para determinar su existencia.  En consecuencia, para que proceda el ejercicio de este derecho, se debe comprobar precisamente que hubo deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública, y el informador tiene la obligación jurídica de enmendar dicha deficiencia.

También hay que tener en cuenta que la rectificación de la noticia no es lo mismo que la aclaración de la misma, puesto que en la primera, la inexactitud de la información surge por la ausencia de investigación diligente para determinar existencia de la noticia; mientras que en la aclaración, implica la notificación formal al público de la noticia actualizada, pese a que en su momento de difusión fue inexacto, pero dicha inexactitud no es imputable al informador, porque en este caso el informador si realizó las correspondientes averiguaciones, utilizando los medios o recursos necesarios para determinar su existencia, y lo único que debe hacer el informador es comprobar dicha diligencia y posteriormente actualizar al pública de la modificación de la noticia.

Es importante tener en cuenta que, si el informador se basó en un contenido informativo proporcionado por un empleado propio del informador (como por ejemplo un fotógrafo), y se comprueba que dicha contenido es totalmente falso, ya sea por algún error inexcusable o un acto de mala fe para distorsionar la veracidad de la noticia, además de proceder con la rectificación correspondiente, el informador debe emitir las correspondientes disculpas públicas, no solamente al público en general, sino además a las posibles personas que fueron aludidas en la noticia. (Por ejemplo, que el fotógrafo haya realizado montajes en las imágenes, con el propósito de vender una noticia falsa al público para efectos lucrativos).

Para culminar, nos damos cuenta que la difusión de una noticia no es sencillo, se debe realizar con toda cautela y objetividad, en el cual el informador tiene la obligación de cumplir con este importante requisito, por lo que podría decirse que la veracidad es el elemento fundamental para el correcto empleo del derecho a la libertad de información.

Análisis jurídico del caso “RADIO DEMOCRACIA AM”.

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El prestador de servicio de radiofusión sonora denominado “RADIO DEMOCRACIA AM”, fue notificado por parte de  La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (en adelante ARCOTEL), sobre la terminación anticipada y unilateral de la concesión de la frecuencia 920 kHz, perteneciente al referido prestador de radiofusión.

La actuación de la ARCOTEL fue criticada en los medios de comunicación tradicional, así como también en las redes sociales, debido a que se acusa a la referida autoridad administrativa de actuar conforme a intereses políticos, alejándose del aspecto legal. Sin embargo, cabría plantearnos la siguiente pregunta: ¿Es legal la terminación anticipada y unilateral de la frecuencia 920 kHz, perteneciente a RADIO DEMOCRACIA AM?

Para poder responder esta pregunta, primero hay que definir el tipo de servicio que presta “RADIO DEMOCRACIA AM” y bajo qué régimen jurídico se basa aquel servicio. Pues bien, el servicio como tal es el de “radiofusión sonora”, siendo la especie del servicio de “radiofusión” en general, en el cual permite la difusión de emisiones de audio a distancia, que son destinadas a ser recibidas por el público en general.

El régimen legal de los servicios de radiofusión, en cuanto a su administración, regulación y control de los permisos legales para poder brindarlos al público, es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Los contenidos audiovisuales que se emitan producto de la prestación de este servicio, están reguladas por la Ley Orgánica de Comunicación, como por ejemplo los comentarios efectuados por los animadores de televisión o los espacios publicitarios. No obstante, esta Ley contiene disposiciones legales referentes a la administración del espectro radioeléctrico para los servicios de radiofusión, cuya responsabilidad recae en la ARCOTEL, teniendo como norma supletoria la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Para poder brindar un servicio de radiofusión, se necesita obtener permiso legal que es otorgado por la ARCOTEL, que incluye la autorización de la prestación del servicio, así como también la asignación de determinadas frecuencias del espectro radioeléctrico. Este permiso legal se lo denomina “título habilitante”, en el cual faculta al titular, el derecho de uso y goce de las frecuencias asignadas. (Se otorga el derecho de uso, más no la propiedad, debido a que el espectro radioeléctrico es de propiedad exclusiva del Estado).

Existen distintas clases de títulos habilitantes, entre ellos están las “concesiones”, que se materializan a través de contratos, que son suscritos entre el órgano rector de las Telecomunicaciones (actualmente ARCOTEL) y el concesionario, quién es el prestador del servicio de radiofusión (en este caso RADIO DEMOCRACIA AM).

 

¿Cuál es la norma en que se basa la ARCOTEL, para declarar la terminación anticipada y unilateral de la frecuencia 920 kHz?

La Ley Orgánica de Comunicación, en su Disposición Transitoria Décima, establece la reversión de las frecuencias de radio y televisión al Estado, a través de la autoridad de telecomunicaciones pertinente (ARCOTEL), siempre y cuando se incurra en alguna de las 5 causales estipuladas en la referida disposición.

La ARCOTEL se basa en la siguiente causal de reversión: “Las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente (…) serán revertidas al Estado por la autoridad de telecomunicaciones…”. Es decir, la ARCOTEL sostiene que la frecuencia 920 kHz, cuyo derecho de uso pertenece a “RADIO DEMOCRACIA AM”, no fue otorgado por la autoridad competente, teniendo en cuenta como antecedente que “RADIO DEMOCRACIA AM”, suscribió tanto el cambio de frecuencia, como la renovación del contrato de concesión respectiva, el 1 de octubre de 2004, con la entonces llamada “SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES” (En adelante SUPERTEL), que era uno de los tres órganos rectores de las telecomunicaciones en el Ecuador. El cambio de frecuencia se originó debido a que el mencionado prestador de servicio de radifusión, tenía originalmente asignado la frecuencia 1280 kHz, pero posteriormente se cambió a la frecuencia 920 kHz, por motivos de problemas de interferencia.

Para efectos de ilustración, en materia de telecomunicaciones la reversión consiste en la obligación que tiene el propietario de un título habilitante (por ejemplo el concesionario),de entregar al órgano rector de telecomunicaciones, todos los elementos afectos que tengan relación con el servicio cuyo título habilitante recae (bienes, acciones, derechos), para de esta manera asegurar la continuidad del servicio. La reversión es la consecuencia jurídica de la extinción del título habilitante, que debe ser declarado por la autoridad competente, previa sustanciación de un procedimiento administrativo.

Ahora bien, la Disposición Transitoria citada, se basa en el informe presentado por la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión, del 18 de mayo de 2009, específicamente en el capítulo 2, sección “Procesos irregulares de carácter puntual”, título 3, denominado “Renovación ilegal de las concesiones de frecuencias”.

En el referido informe se verificó como resultado de la auditoría, que existieron renovaciones aprobadas de oficio por la entonces SUPERTEL, sin contar con la previa resolución o autorización de la extinta CONARTEL (Consejo Nacional de Radiofusión y Televisión), de los cuales se encuentra incluida la renovación de la frecuencia 920kHz.

Es decir, en el informe se habla de la irregularidad en cuanto a la renovación de la concesión de frecuencias; mientras que por otro lado, la Disposición Transitoria Décima de la Ley Orgánica de Comunicación, establece como causal de reversión “el otorgamiento de las frecuencias por parte de autoridad no competente”.

Por lo tanto, existen dos escenarios distintos: El primero es el no otorgamiento de frecuencias por parte de la autoridad competente, y el segundo escenario es la irregularidad de la renovación del contrato de concesión de frecuencia, por no contarse con la autorización previa de la extinta CONARTEL, sobre el cual era requisito indispensable en aquel tiempo.

En otras palabras, la irregularidad del uso de frecuencias que comprende la Disposición Transitoria Décima, parte desde el punto de vista de la AUTORIDAD, mientras que la irregularidad que establece el informe anteriormente expuesto, se basa en el PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN del contrato de concesión respectivo.

A raíz de lo expuesto, cabe la pregunta: ¿El prestador de servicio de radiofusión denominado “RADIO DEMOCRACIA AM”, incurrió en la causal de reversión establecida en la Disposición Transitoria Décima, de la Ley Orgánica de Comunicación?

A mi criterio no, debido a que “RADIO DEMOCRACIA AM”, suscribió  la renovación del contrato de concesión de la frecuencia 920kHz, con la entones llamada SUPERTEL, quien era la autoridad competente para la aprobación de aquellas renovaciones de los contratos de concesión en ese tiempo. El hecho que la SUPERTEL, haya aprobado las renovaciones sin haber observado o cumplido con las normas legales pertinentes (en este caso al no haber contado con la resolución previa de la CONARTEL), es responsabilidad exclusiva de éste mismo, dejando a “RADIO DEMOCRACIA AM”, como un concesionario de buena fe, teniendo un derecho adquirido de manera legítima.

Además, si se interpreta el tenor literal de la Disposición Transitoria objeto de la controversia, la causal de reversión es el no OTORGAMIENTO de las frecuencias de radio y televisión, por la autoridad competente, más no se estipula la RENOVACIÓN del uso de las frecuencias correspondientes como causal de reversión, lo cual no cabría la terminación unilateral del título habilitante respectivo por parte de la ARCOTEL.

Para concluir, según lo expuesto en el presente artículo, considero que el prestador de servicio de radiofusión “RADIO DEMOCRACIA AM”, no ha incurrido en la causal establecida en la Disposición Transitoria Décima de la Ley Orgánica de Comunicación, en el cual se basó la ARCOTEL para expedir la resolución que declara la terminación unilateral y anticipada del uso de la frecuencia 920 kHz. Sin embargo, conforme consta en el informe presentado por la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión, podrían existir irregularidades en cuanto al proceso de renovación del contrato de concesión de la frecuencia mencionada, en el cual podría originar la extinción del título habilitante por esta causal; pero para que proceda dicha extinción, se deberá probar conforme a derecho que “RADIO DEMOCRACIA AM”, actuó como concesionario de mala fe al momento de realizar el proceso de renovación respectivo, por lo que deberá probarse en el procedimiento administrativo correspondiente.

Pongo a disposición del lector, la resolución emitida por la ARCOTEL, así como también el informe expuesto anteriormente, para efectos de análisis.

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http://www.arcotel.gob.ec/ventanilla-del-usuario/informe-definitivo-de-la-comision-de-auditoria-de-frecuencias/